• El despliegue de renovables en España, que se ha fijado tener un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, permitirá aprovechar su potencial en términos de generación de empleo, actividad económica y competitividad, en línea con los planes de recuperación económica verde la de Unión Europea. España cuenta con un importante recurso renovable y una cadena de valor consolidada con capacidad de crecimiento.
• Entre otras cuestiones, la norma aprobada el pasado martes establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red.
• El Real Decreto-ley también crea un nuevo sistema de subastas que ofrece estabilidad a las inversiones y permite que la ciudadanía se beneficie de los ahorros asociados a la integración de renovables en el sistema, ya que son la fuente de generación de energía más barata.
• Se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio que el sector ya está demandando, como es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. Al tiempo, se regulan las comunidades de energía renovables, que favorecen la participación de la ciudadanía en la transición energética.
• Con el objeto de asegurar la liquidez del sistema y mitigar los desajustes que ha provocado la crisis del COVID-19, se habilita la posibilidad de inyectar el superávit de ejercicios anteriores.

Los puntos de recarga de alta capacidad, declarados de utilidad pública

Este Real Decreto-ley ha otorgado la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad. Una cuestión fundamental para la apertura de estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, que supone un aumento en las posibilidades de la movilidad eléctrica.

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