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17 Abr 2020

FENIE: solicitud al Gobierno para continuar con el desarrollo de medidas necesarias para nuestro sector

Desde la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España estamos haciendo una labor muy importante de análisis y divulgación, al colectivo de empresas instaladoras, de las medidas que se están desarrollando por el Gobierno de España para paliar los efectos provocados por el COVID-19.

Desde el inicio del estado de alarma la actividad de las empresas, pese a ser un colectivo que ha podido continuar en parte con su actividad, ha disminuido de una forma muy significativa.

En particular, después de la publicación de la orden SND/340/2020, a pesar de incrementarse las posibilidades de actuación de las empresas instaladoras, además de la disminución de actividad provocada por la situación, éstas se están encontrando con problemas de suministro de material y, del mismo modo, problemas de suministros de EPIS impidiendo poder continuar con los trabajos previstos, por lo tanto, la disminución de ingresos provocado por la disminución de actividad es evidente.

El colectivo de empresas instaladoras está formado por autónomos y pymes de pocos trabajadores, y en su gran mayoría, éstas viven al día con el principal objetivo de mantener la estructura y, con ello, el sueldo de los trabajadores, más teniendo en cuenta la estrecha relación entre el empresario y los empleados, dada la cercanía existente entre ambos.

Las tensiones de tesorería que están sufriendo nuestras empresas por todo lo anterior e incrementado por la publicación del RD 10/2020 que, en muchos casos, éstas han continuado soportando los costes de los salarios de los trabajadores, a pesar de no tener actividad, por el permiso de trabajo retribuido de carácter obligatorio.

Con el objetivo de paliar estos efectos, es cierto que se han creado diferentes líneas de préstamos ICO avalados en parte por el estado pero que, en la práctica, muchas de nuestras empresas se están encontrando con dificultades para obtenerlos o, en su caso, finalmente para conseguir estos créditos están avalando con las propiedades de las empresas o la de sus socios, asumiendo aún mas si cabe un riesgo sin una previsión que a futuro genere un incremento de la actividad.

Del mismo modo, con la publicación del RD – ley 14/2020, se permite extender el plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones, iniciativa que desde FENIE consideramos que ayuda a que las empresas puedan aliviar las tensiones de tesorería que comentábamos con anterioridad.

En cualquier caso, desde FENIE, solicitamos al Gobierno a continuar con el desarrollo de medidas necesarias para garantizar la supervivencia de nuestro sector que, según nuestro análisis, son las siguientes:

–  Eliminar, disminuir o, en su caso, aplazar las obligaciones tributarias de todos los modelos con posterioridad a la cancelación del estado de alarma mientras no se recupere la actividad y poder realizar los pagos con mayor respiro, sin intereses de ningún tipo.

–  Eliminar o reducir la cuota de los autónomos de forma proporcional a las estimaciones que tenga el Gobierno de la disminución de actividad de tal forma que exista un paralelismo entre las obligaciones de los autónomos y los ingresos obtenidos.

–  Reactivar los proyectos de instalación y mantenimiento de las instalaciones dependientes de las Administraciones públicas

–  Promover un sistema de desgravación fiscal de las inversiones en obras que contribuyan a fomentar el ahorro y la eficiencia energética de las instalaciones de los ciudadanos y empresas.

–  Promover la aplicación del IVA reducido del 10% en todas las obras que los destinatarios sean los ciudadanos, o en su caso, las comunidades de propietarios

–  Liquidar todas las facturas pendientes de pago por parte de las AA.PP., así como la obligatoriedad para las grandes empresas o, en su defecto, para las empresas cotizadas en el mercado continuo, de cumplir la vigente Ley de Lucha Contra la Morosidad

–  Implementar un sistema sencillo que impida que las empresas deban anticipar a la Hacienda Pública el IVA facturado y no cobrado

–  Provocar la inmediata devolución del IVA pendiente de compensación declarado al cierre anual

–  Obligar a contratistas abonar de inmediato sus facturas pendientes a los subcontratistas vinculados a la cadena de contratación pública en aquellos casos que el periodo de pago se haya superado según la ley de morosidad

–  Desarrollar con carácter de urgencia el reglamento sancionador para las empresas que demoran sus pagos

–  Establecer en dicho reglamento un procedimiento de denuncia a través de las organizaciones empresariales que aseguren el anonimato de los denunciantes, evitando crear eventuales represalias comerciales

Esta última condición es muy importante para el colectivo de empresas instaladoras, en particular aquellas que trabajan para constructoras, independientemente del volumen de facturación de éstas.

La mayoría de esta tipología de empresa instaladora sufre de forma sistemática el trato abusivo de las constructoras en las condiciones de pago. Por enumerar algunos casos (no de los considerados más abusivos), se utiliza el sistema de confirming para hacer frente a sus pagos a 180-210 y 240 días.

Como dicho confirming lo libran antes de los 60 días justifican que cumplen la ley de morosidad, cuando esto es falso, primero porque los gastos financieros van por cuenta del proveedor, en este caso la empresa instaladora, y, segundo, porque muchas de ellas tienen ingresos derivados de las comisiones por dichas líneas bancarias siendo también beneficiarias las entidades financieras.

Desde FENIE estimamos que la situación provocada por el COVID-19 puede ser aprovechada para agudizar estas prácticas abusivas al colectivo de empresas instaladoras, basándose en un empeoramiento del mercado inmobiliario, de la promoción residencial, empeoramiento de las condiciones financieras de los bancos, etc.

Por todo lo indicado en el presente escrito, esperamos que exista sensibilidad hacia el colectivo de empresas instaladoras y se puedan adoptar las diferentes medidas tan necesarias para la supervivencia del mismo.

No hemos de olvidar que FENIE representa a más de 15.000 empresas y en torno a los 95.000 trabajadores, por lo tanto, el colectivo de empresas instaladoras es uno de aquellos colectivos que son intensivos en empleabilidad y, podemos contribuir a potenciar una salida de la crisis con una mayor rapidez y estabilidad basada en la creación de empleo cualificado.

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